La resolución ha causado revuelo y afectará a 13 mil padres morosos, quienes también fueron agregados a una lista entregada por el Gobierno argentino a EEUU para restringir su ingreso a los estadios durante la Copa del Mundo.
El 13 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina una resolución que dispone que las personas inscritas en registros de deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios de fútbol de todo el país. Esto con el fin de convertir al fanatismo en una herramienta de presión para los no cumplidores.
La medida, oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, amplía el programa Tribuna Segura, creado en 2017 para impedir el acceso a personas vinculadas con hechos de violencia. Según las cifras del Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM, en 2025, más de 6 000 personas inscritas en Buenos Aires serían afectadas. Sin embargo, según el portal oficial del Estado Argentino, la cifra crecería a 13 000 si se toman en cuenta también los registros provinciales.
La disposición será aplicable de existir una resolución judicial o administrativa y la prohibición estará vigente hasta que el deudor acredite el pago de sus cuotas. Sin embargo, para el abogado litigante Daniel Reátegui la medida disuasoria no será efectiva debido a las diversas posibilidades con las que cuentan los hinchas para ver los partidos, además de asistir al estadio de manera presencial. También tilda a ésta de controversial al encontrarse en conflicto con el derecho de la libertad de asistir a un lugar de espacio público, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Nacional Argentina.
En el Perú, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), administrado por el Poder Judicial, inscribe a quienes adeudan tres cuotas sucesivas o alternadas de pensión de alimentos. Según la plataforma digital del Estado Peruano, se registraron 8 000 personas en 2025, cifras que ha ido en aumento durante los últimos cinco años. Reátegui afirma que, si bien los deudores presentan limitaciones como el no poder trabajar en el Estado, éstos no pagan debido a demoras en los procesos.
En enero de 2025 la congresista Diana Gonzales Delgado presentó el Proyecto de Ley 9890/2024-CR, que propone prohibir la venta de entradas para eventos deportivos y espectáculos de entretenimiento a las personas inscritas en el REDAM. La iniciativa plantea que las empresas organizadoras y plataformas de venta verifiquen la base de datos para impedir la compra de entradas a deudores. Un año después, la propuesta no ha sido aprobada. Sin embargo, Reátegui sugiere que la medida tampoco tendría efectividad en el Perú y que, en su lugar, se deberían hacer esfuerzos para acelerar los procesos judiciales y que los deudores alimentarios se vean obligados a pagar con una verdadera amenaza de ir a la cárcel.
