La nueva medida que prohíbe a los deudores alimentarios ingresar a las canchas deportivas causa revuelo en Argentina y dejará miles de afectados.

Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, y Gabino Tapia, el ministro de Justicia porteño. IMAGEN: Portal Oficial del Estado Argentino.

El 13 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina una resolución que dispone que las personas inscritas en registros de deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios de fútbol de todo el país con el fin de convertir al fanatismo en una herramienta de presión para los no cumplidores. 

La medida, oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, amplía el programa Tribuna Segura, creado en 2017 para impedir el acceso a personas vinculadas con hechos de violencia. Según las cifras del Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) en 2025, más de 6 000 personas serían las afectadas al haber sido inscritas en Buenos Aires. Sin embargo, según el portal oficial del Estado Argentino, la cifra sería de 13 000 si se toman en cuenta también los registros provinciales. 

Número de inscripciones en el RDAM en la Provincia de Buenos Aires durante el año 2025. Crédito: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

La disposición será aplicable de existir una resolución judicial o administrativa y la prohibición estará vigente hasta que el deudor acredite el pago de sus cuotas. Sin embargo, en una entrevista brindada a este medio, el abogado Daniel Reátegui menciona que la medida disuasoria no será efectiva, debido a las diversas posibilidades con las que cuentan los hinchas para ver los partidos. Además, tilda a ésta de controversial al encontrarse en conflicto con la libertad de asistir a un lugar de espacio público.

En el Perú, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), administrado por el Poder Judicial, inscribe a quienes adeudan tres cuotas sucesivas o alternadas de pensión de alimentos. Según la plataforma digital del Estado Peruano, se registraron 8 000 personas en 2025, cifra superior a años anteriores. Reátegui afirma que, si bien los deudores presentan limitaciones, éstos no pagan por demoras en los procesos. 

En enero de 2025 la congresista Diana Gonzales Delgado presentó el Proyecto de Ley 9890/2024-CR, que propone prohibir la venta de entradas para espectáculos a las personas inscritas en el REDAM. La iniciativa plantea que las empresas organizadoras y plataformas de venta verifiquen la base de datos para impedir la compra de entradas a deudores. Un año después, la propuesta no ha sido aprobada. Sin embargo, Reátegui sugiere que la medida tampoco tendría efectividad en el Perú y que, en su lugar, se deberían hacer esfuerzos para acelerar los procesos judiciales y que se apliquen las sanciones.